Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social (art. 124 CE). El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso,  a los de legalidad e imparcialidad. La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/81 de 30 de diciembre y  modificado por la Ley  24/2007, de 9 de octubre. El Ministerio Fiscal es un órgano  único para todo el Estado y sus miembros son autoridad a todos los efectos, actuando siempre en representación de toda la Institución.

Abogacía del Estado

La Abogacía General del Estado representa al Estado y depende funcionalmente del Ministerio de Justicia. Es el órgano directivo de los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas. Está dirigido per el Abogado General de l’Estat, nombrado en Consejo de Ministros.

Acusación popular

Es una figura regulada en el artículo 125 de la Constitución Española y da legitimidad a cualquier ciudadano para que pueda personarse en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión. Se trata de un modo de participación cívica en la administración de justicia y es una peculiaridad española que no existe en otros países. Aunque está permitida tanto para personas físicas como jurídicas, es muy común que esta figura la protagonicen colectivos, asociaciones o incluso partidos políticos.