Doce personas, nueve de las cuales se encuentran en prisión preventiva, se enfrentan a una acusación por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, por los que la fiscalía pide -no siendo la única acusación- un total de 177 años de prisión.
Las actuaciones judiciales llevadas a cabo hasta el momento y los hechos descritos en las acusaciones, han llevado tanto a las defensas, como a juristas españoles y organizaciones internacionales a cuestionar que el proceso se haya desarrollado con el debido respeto a los derechos fundamentales; como el derecho a la libertad de expresión, a reunión y manifestación, a la participación política y a la libertad ideológica. También especialmente el derecho a la libertad, por el uso de la prisión provisional. Así mismo se ha cuestionado el debido respeto al principio de legalidad penal, el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho al juez imparcial, y el derecho a defensa.
El proceso penal contra los líderes catalanes se inscribe, además, en un marco en el que la independencia judicial resulta formalmente cuestionada tanto dentro de España como por agencias de evaluación internacionales, como el último informe GRECO 2017, del Consejo de Europa.
Por ello, entre otras actuaciones, llamamos a observadores estatales e internacionales de reconocido prestigio, académicos, miembros de asociaciones y de instituciones europeas, para que, con su presencia, puedan analizar y explicar a la opinión pública si el enjuiciamiento de estas personas se ha realizado de manera imparcial e independiente y con el debido respeto a los derechos humanos.
