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¿Qué se está juzgando?

La causa 20907/2017 ante el Tribunal Supremo español constituye el proceso penal contra 12 personas acusadas por la Fiscalía del Estado por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos por los que pide 177 años de cárcel. El proceso penal se inició por los hechos relacionados con el Referéndum del 1 de octubre de 2017 y el juicio se celebrará en Madrid a principios del 2019. Entre los acusados ​​hay líderes de la sociedad civil, la presidenta y miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, diputados, y el vicepresidente y consejeros del Gobierno catalán. De todos los acusados, nueve de ellos se encuentran en prisión preventiva desde como mínimo marzo de 2018, y en algunos casos desde octubre de 2017. La prisión preventiva concretada durante meses en Madrid ha comportado durante periodos largos de tiempo el alejamiento de los acusados ​​y acusadas de sus familias y defensas. El resto de acusados ​​se encuentra en libertad bajo fianza.

Al margen de los 12 acusados ante el Tribunal Supremo, seis miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña serán juzgados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el delito desobediencia y ​​hay 7 personas más procesadas en la misma causa que se encuentran en diferentes estados europeos. Contra ellas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han cursado varias euroórdenes. Las euroórdenes se han presentado y retirado varias veces al no obtener el resultado deseado o prever que no lo obtendrían. En el caso del estado alemán, el Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein no apreció la concurrencia de los requisitos del delito de rebelión ante la euroorden contra el presidente catalán Carles Puigdemont. En este momento no hay ninguna euroorden pendiente de resolver, lo que conlleva que estas 7 personas no estén perseguidas a pesar de haber sido procesadas por los mismos hechos objeto del juicio. A pesar de estar en libertad en diferentes estados europeos, en España hay una orden de detención cursada contra ellos.

El delito de rebelión, que la Fiscalía imputa a algunos de los acusados, es uno de los delitos más graves del Código penal español, implica un “alzamiento violento y público” y está penado con hasta 25 años de prisión. El único antecedente del delito de rebelión desde la Constitución española de 1978 fue la condena del teniente-coronel de la Guardia Civil Fernando Tejero por el intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981, que implicó la ocupación del Congreso de Diputados por unidades armadas y el despliegue de tanques en la calle.

Al margen de la acusación de la Fiscalía hay dos acusaciones más. En primer lugar el Abogado del Estado, que acusa por el delito de sedición que implica un “alzamiento público y tumultuario” y conlleva penas de hasta 15 años de prisión. En segundo lugar el partido político de extrema derecha VOX que pide penas aún más altas, añadiendo al delito de rebelión, el de organización criminal.

Las defensas han advertido desde el primer momento que se trata de un juicio político. Han alegado la inexistencia de los delitos por los que se acusa a sus representados y han pedido repetidas veces la libertad de los encarcelados. Han alegado igualmente la falta de competencia del Tribunal Supremo por no tener atribuida legalmente la jurisdicción en estos supuestos. Asimismo han aducido vulneraciones de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional repetidas veces, que han sido admitidos pero no resueltos, bloqueando el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, las defensas también han llevado el caso ante el Comité de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.